El Ministerio Público acusa a un ciudadano cubano en situación irregular de una agresión «guiada por prejuicios» que dejó graves secuelas físicas y psicológicas a las dos víctimas
La Fiscalía de Madrid ha solicitado seis años de prisión y la posterior expulsión del territorio nacional para un ciudadano cubano en situación irregular, acusado de propinar una brutal paliza homófoba a una pareja gay en la estación de Metro de Lavapiés. Los hechos, calificados como un delito de lesiones con el agravante de discriminación por orientación sexual, ocurrieron la noche del 1 de mayo de 2024. El juicio por esta grave agresión está previsto que comience el próximo viernes, 28 de noviembre, en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
Según detalla el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la paliza homófoba se desencadenó alrededor de las 22:25 horas, cuando la pareja, compuesta por dos hombres, se encontraba en el andén mostrando afecto. El acusado, «con un absoluto desprecio y movido por sus prejuicios hacia la orientación sexual» de las víctimas, se dirigió a ellos con el «ánimo de menoscabar su integridad física». Sin mediar palabra, empujó por la espalda a uno de ellos, identificado como D.E.G., iniciando así una escalada de violencia extrema.
Relato de los hechos de la agresión
Tras el primer empujón, cuando las víctimas le reprocharon su actitud, el agresor se volvió contra el otro hombre, S.L.G., y le propinó un fuerte puñetazo que lo hizo caer al suelo. Mientras S.L.G. intentaba incorporarse, el acusado lo pateó y lo arrojó intencionadamente a la fosa de las vías del metro. Acto seguido, se giró de nuevo hacia D.E.G. y lo golpeó con el puño en la boca, derribándolo también. Ya en el suelo, continuó la paliza homófoba propinando patadas y golpes en la cara y el resto del cuerpo a ambas víctimas, en un ataque de extrema violencia.
S.L.G. logró salir del foso de las vías e intentó interponerse para que el agresor dejara de golpear a su pareja, pero el acusado lo volvió a empujar con fuerza y emprendió la huida. Su fuga fue interrumpida por los vigilantes de seguridad de la estación, quienes lograron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. La rápida intervención de los vigilantes fue crucial para detener la agresión y facilitar la identificación y detención del presunto autor.
Graves secuelas físicas y psicológicas para las víctimas
Las consecuencias de la paliza homófoba para las dos víctimas han sido graves y duraderas. S.L.G. sufrió heridas inciso-contusas en la región supraciliar izquierda y un hematoma en el ojo, requiriendo un tratamiento médico-quirúrgico que se prolongó durante diez días. Como secuela física le ha quedado una cicatriz permanente de cinco centímetros paralela a la ceja. Psicológicamente, padece una «reacción de incredulidad» y diversas emociones desagradables como decepción y miedo, lo que ha implicado «un deterioro en su bienestar psicológico y disminución en su rendimiento laboral».
Por su parte, D.E.G. sufrió una herida en el labio inferior, traumatismo craneoencefálico, hematoma nasal con edema y dolor en la zona sacra y cervical, necesitando también diez días de tratamiento médico. Sus secuelas incluyen «síntomas conductuales asociados a un estado de shock e incredulidad, seguido de un desbordamiento emocional, con miedo e inseguridad». El informe fiscal subraya el profundo impacto traumático que la agresión ha tenido en la vida de ambos hombres.
Petición fiscal: prisión y expulsión del territorio nacional
La Fiscalía, al considerar probados los hechos, solicita una condena de tres años de prisión por cada una de las dos víctimas, sumando un total de seis años de cárcel. Dado que el acusado se encuentra en situación irregular en España y tiene antecedentes penales, el Ministerio Público también pide su expulsión del territorio nacional una vez que haya cumplido dos tercios de la condena que se le imponga. Además, solicita que se le prohíba el regreso a España durante un periodo de seis años, una medida complementaria para garantizar la seguridad de las víctimas.
Este caso se enmarca en los esfuerzos de la Fiscalía por combatir los delitos de odio y discriminación, aplicando con rigor el agravante contemplado en el Código Penal cuando los hechos se cometen por motivos de orientación sexual. El juicio del próximo 28 de noviembre será un paso crucial para determinar la responsabilidad penal del acusado y ofrecer justicia a las víctimas de esta violenta y premeditada agresión, que ha vuelto a poner el foco en la necesidad de erradicar la LGTBIfobia de la sociedad.
