El delegado de Movilidad confirma que se iniciará una campaña de vigilancia para analizar el alcance de esta práctica actualmente prohibida
El Ayuntamiento de Madrid está considerando seriamente la creación de una tarifa para riders en BiciMAD tras haber detectado un incremento en el uso profesional de este servicio municipal de bicicletas. Esta práctica actualmente está prohibida por la normativa del servicio, que está diseñado exclusivamente para uso personal y no para actividades económicas. La posible implementación de una tarifa para riders en BiciMAD busca regularizar una situación que se ha extendido por la capital.
Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio madrileño, ha explicado que el sistema BiciMAD está concebido como «un modo de transporte para las personas de manera individual y por tanto no pueden hacer ese uso económico que están haciendo». El edil ha señalado que el atractivo de las tarifas actuales para este uso profesional ha motivado el aumento detectado en los últimos meses.
Campaña de vigilancia y análisis previo
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid va a iniciar una campaña específica de vigilancia para determinar el alcance real de este fenómeno. Aunque desde la empresa municipal no se constata un «uso masivo» por parte de los repartidores, sí han podido documentar casos concretos en la vía pública. Los resultados de este estudio determinarán las medidas concretas que se adoptarán para abordar la situación.
Carabante ha reconocido las dificultades prácticas para sancionar este uso irregular: «En el fondo utilizan una tarjeta y tendría que pararlo la Policía, detectar que está haciendo ese uso de actividad económica, a pesar de que todos los vemos por la ciudad de Madrid». Esta complejidad en la identificación y verificación del uso profesional es uno de los factores que ha llevado a considerar la creación de una tarifa para riders en BiciMAD como solución más viable.
Impacto en los usuarios habituales
El uso profesional de BiciMAD por parte de los riders está generando un perjuicio tangible para los usuarios particulares del servicio. La utilización prolongada de las bicicletas con fines laborales reduce la disponibilidad de unidades para los desplazamientos personales, afectando directamente a la experiencia del usuario y al funcionamiento óptimo del sistema. Este impacto negativo en el servicio público fundamenta la necesidad de buscar soluciones efectivas.
La posible implementación de una tarifa para riders en BiciMAD representaría un cambio significativo en la política de movilidad urbana de Madrid. El Ayuntamiento busca equilibrar la necesidad de regular el uso profesional con el mantenimiento del carácter público y accesible del servicio. La creación de una tarifa específica permitiría controlar este uso mientras se generan recursos adicionales para el mantenimiento y mejora del sistema.
Alternativas en estudio y próximos pasos
El equipo de gobierno está analizando diferentes modelos de tarifa para riders en BiciMAD que podrían implementarse. Estas alternativas incluyen desde abonos mensuales específicos para profesionales hasta tarifas por uso prolongado que reflejen el carácter lucrativo de la actividad. La viabilidad técnica y económica de cada opción está siendo evaluada en coordinación con la EMT.
Carabante ha avanzado que «tendremos que ver si algún tipo de tarifa específica para ese tipo de actividad y estamos analizando las posibles alternativas para que no se produzca» el uso irregular actual. El diseño final de la tarifa para riders en BiciMAD deberá tener en cuenta tanto la realidad del sector de los repartidores como la protección del servicio para los usuarios tradicionales.
La regulación del uso profesional de los sistemas de bicicletas compartidas es un desafío que enfrentan muchas ciudades europeas. La eventual implementación de una tarifa para riders en BiciMAD situaría a Madrid en la vanguardia de la gestión de la movilidad urbana sostenible, buscando soluciones pragmáticas a los nuevos retos que plantea la economía de plataformas en el espacio público. La decisión final se tomará una vez completado el estudio de vigilancia y análisis de la situación actual.
